La cumbre para la preservación de la Amazonia, que se ha celebrado la semana del 7 al 12 de agosto, no ha cubierto las expectativas con las que se inició. Brasil acogió una cita a la que acudieron los dirigentes de los ocho países con intereses directos en la cuenca amazónica, encabezados por su propio presidente, Lula da Silva.
Hace catorce años que no se reunía la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que parece demasiado tiempo. La idea de máximos –qué hay que decir, ya que no se ha conseguido– era que los ocho países asistentes fueran capaces de consensuar, sino un plan estratégico, al menos sí unas líneas comunes de trabajo encaminadas a evitar que la Amazonia alcance un punto de no retorno, lo que a su vez tendría nuevos efectos perversos sobre el cambio climático.
Hay que tener en cuenta que la Amazonia es la selva tropical más grande del planeta, con 5.500.000 kilómetros cuadrados, lo que viene a ser unas once veces el tamaño de España. Según datos de Greenpeace, desde 1970, la Amazonia ha perdido una superficie equivalente a la de Francia (un poco más que el tamaño de España, por seguir con el primer símil). Esa deforestación va dirigida principalmente para usos de ganadería, pero también para la minería e hidrocarburos (petróleo).
Pese a las continuas llamadas a plantar cara a la deforestación en la declaración final, lo cierto es que no hay posición común y se deja a cada país participante fijar sus propios objetivos de preservación. Tampoco en el tema de las prospecciones petroleras hubo acuerdo, ya que cada país defendió sus intereses en función de ser o no productor.
Lula da Silva pretendía que todos los países de la OCTA siguieran el ejemplo de Brasil, que se ha fijado el objetivo de 'Deforestación 0' en el año 2030, pero no lo ha conseguido.
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